La Delegación del Gobierno en Asturias ha emitido un comunicado oficial en el que advierte sobre la convocatoria pública de Plataforma 2025 para un acto previsto hoy, 29 de marzo, cuyo contenido podría vulnerar la Ley de Memoria Democrática, al incluir mensajes «en defensa de la historia, la verdad y la libertad» que, según el texto, podrían exaltar el franquismo o justificar la represión de la dictadura.
Desde el organismo se recuerda que no se ha recibido comunicación oficial sobre dicha concentración, requisito obligatorio en casos de reuniones en espacios públicos con más de veinte personas. La falta de notificación, recalcan, vulnera el derecho fundamental de reunión y puede derivar en sanciones contempladas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
📜 Obligación legal y advertencia sobre sanciones
El comunicado subraya que, según la legislación vigente, las convocatorias deben presentarse por escrito con al menos diez días de antelación, salvo causas extraordinarias que justifiquen su urgencia, en cuyo caso el plazo se reduce a 24 horas. Este protocolo no se ha cumplido en el caso de Plataforma 2025.
La Delegación del Gobierno ha ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estén alerta ante cualquier posible vulneración de la normativa, especialmente en lo relativo a la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe expresamente la exaltación del franquismo o la humillación de sus víctimas.
⚠️ Riesgo de delitos de odio y multas
Se recuerda que cualquier conducta que incite al odio, la violencia o la intolerancia será objeto de investigación, pudiendo derivar en sanciones tanto para los organizadores como para los espacios que acojan los actos. Estas sanciones pueden oscilar entre 10.001 y 150.000 euros, e incluso incluir el cierre temporal de los locales por periodos de hasta dos años.
✋ “Cero tolerancia” a la alteración del orden público
En su declaración, la Delegación subraya que no tolerará alteraciones del orden público, ni vulneraciones de la ley, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía y el marco legal del Estado de Derecho.