El Gobierno de Asturias aprobó este lunes el proyecto de Ley de Salud Pública, una norma que actualiza el marco vigente e incorpora el aprendizaje adquirido durante la pandemia de la covid-19 para mejorar la capacidad de anticipación, prevención y respuesta ante emergencias sanitarias.
El texto también refuerza áreas clave como la seguridad alimentaria, la salud ambiental, la salud laboral, la vigilancia epidemiológica y la promoción de hábitos saludables.
La consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó que el objetivo de la norma es reducir las desigualdades en salud y evitar que el lugar de residencia o las condiciones de vida determinen las oportunidades de una persona para vivir con salud.
La ley parte de la idea de que la salud no depende únicamente de la atención sanitaria, sino también de factores sociales, económicos, laborales, ambientales, culturales y educativos. Por ello, plantea un marco de actuación más amplio para intervenir sobre los llamados determinantes de la salud.
El proyecto responde a seis grandes retos: integrar la salud en todas las políticas públicas, avanzar en el enfoque One Health, reforzar la equidad, impulsar la acción comunitaria, fortalecer la integración de la salud pública en el sistema sanitario y consolidar un liderazgo público capaz de coordinar sectores y prevenir enfermedades evitables.
El enfoque One Health reconoce la relación entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, una visión considerada clave ante riesgos emergentes, crisis sanitarias y fenómenos asociados al cambio climático.
La futura ley refuerza los derechos de la ciudadanía a la protección de la salud, a recibir información veraz y comprensible, a participar en las políticas públicas y a que las actuaciones sanitarias garanticen la dignidad, la confidencialidad y la seguridad.
También recoge deberes ciudadanos, entre ellos evitar conductas que puedan poner en riesgo la salud colectiva, colaborar con las autoridades sanitarias y contribuir a la protección del conjunto de la sociedad.
El texto impulsa la promoción de la salud a lo largo de toda la vida y en distintos entornos, como el educativo, el laboral y el comunitario. Además, consolida un sistema de vigilancia con mecanismos de alerta precoz para mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias.
Las actuaciones previstas deberán basarse en la evidencia científica, con criterios de proporcionalidad y transparencia en la toma de decisiones.
La aprobación del proyecto llega una semana después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al proyecto de Ley de Salud Mental, dentro de un proceso de actualización del sistema sanitario asturiano que también incluye la modificación del mapa sanitario, ya en vigor.
Con esta nueva norma, el Principado de Asturias busca reforzar la salud pública como herramienta de prevención, coordinación y protección colectiva ante riesgos sanitarios presentes y futuros.
