El proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias afronta su tramitación parlamentaria con importantes objeciones planteadas desde los propios servicios que intervienen diariamente en emergencias.
Representantes de trabajadores del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), bomberos de otros servicios, organizaciones sindicales y agentes vinculados a la gestión de emergencias han puesto sobre la mesa diferentes carencias que consideran necesario corregir antes de la aprobación definitiva del texto.
Las principales críticas se concentran en la regulación de las emergencias ordinarias, la definición del mando técnico, las funciones de los bomberos y el modelo de dirección del SEPA. El debate contrasta con la interpretación defendida por el Gobierno asturiano, que presenta la nueva norma como una herramienta destinada a reforzar la coordinación y clarificar la dirección de las intervenciones.
Dudas sobre quién manda en una emergencia ordinaria
Uno de los principales puntos de fricción aparece en las denominadas emergencias ordinarias, es decir, los siniestros cotidianos que no requieren activar formalmente un plan de protección civil.
En este grupo se encuentran situaciones tan habituales como incendios en viviendas, accidentes de tráfico con personas atrapadas, rescates, fugas de gas u otras intervenciones de carácter urgente.
El proyecto contempla que estas situaciones se gestionen mediante protocolos operativos, una fórmula que parte de los profesionales considera insuficiente para determinar con claridad quién asume el mando técnico sobre el terreno cuando concurren diferentes servicios.
La crítica se centra especialmente en que el principio de dirección única aparece definido con mayor claridad para aquellas emergencias en las que se activa un plan de protección civil, pero no con el mismo grado de concreción para las intervenciones ordinarias.
Los trabajadores reclaman que la ley determine expresamente esa cadena de mando y que no dependa únicamente de protocolos internos.
Órdenes que pueden afectar a terceros
La cuestión tiene especial relevancia porque durante una intervención los responsables operativos pueden verse obligados a adoptar decisiones inmediatas que afectan directamente a ciudadanos, empresas o instalaciones.
Entre ellas figuran ordenar una evacuación, impedir el acceso a una zona de riesgo, cortar temporalmente una vía, entrar en una propiedad o solicitar la interrupción de determinados suministros.
Los profesionales críticos con la redacción consideran que este tipo de actuaciones deben contar con una cobertura jurídica suficientemente clara dentro de la propia ley y no quedar únicamente amparadas por protocolos de funcionamiento.
El objetivo, sostienen, es evitar dudas sobre las competencias de cada servicio y ofrecer seguridad jurídica tanto a quienes intervienen como a las personas afectadas por sus decisiones.
Las funciones de los bomberos, otro de los principales debates
La futura regulación también ha generado preocupación por el tratamiento que reciben las funciones operativas de Bomberos de Asturias.
La actual legislación asturiana recoge expresamente un catálogo de competencias relacionadas con la extinción de incendios, salvamentos, rescates y otras actuaciones propias del servicio.
El nuevo proyecto reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario del SEPA durante el ejercicio de determinadas funciones de extinción de incendios y salvamento, pero el detalle completo de sus atribuciones quedaría ligado al posterior desarrollo de la estructura y funcionamiento del organismo.
La plantilla reclama que las principales competencias operativas permanezcan blindadas directamente mediante una norma con rango de ley, evitando que cuestiones esenciales para el trabajo cotidiano dependan exclusivamente de un futuro desarrollo reglamentario.
Entre las preocupaciones planteadas se encuentra la posibilidad de que determinadas funciones actualmente integradas dentro del SEPA terminen distribuidas entre diferentes estructuras administrativas, dificultando la coordinación del sistema.
Temor a una fragmentación de competencias
Otra de las críticas trasladadas durante el proceso afecta a la organización de las distintas competencias relacionadas con las emergencias.
Los trabajadores defienden que materias como la prevención, investigación de incendios, protección civil, atención de emergencias y extinción mantengan una estructura suficientemente integrada para evitar duplicidades o problemas de coordinación.
La preocupación se centra en que una separación excesiva de estas responsabilidades pueda generar diferentes centros de decisión dentro de la propia Administración autonómica.
Frente a ello, el Gobierno defiende que el nuevo modelo mantiene al SEPA como elemento fundamental de coordinación y permite ordenar las competencias de los diferentes organismos implicados.
Debate sobre los requisitos para dirigir el SEPA
La regulación de la Gerencia del SEPA constituye otro de los puntos cuestionados.
Los profesionales reclaman que la persona que ocupe la máxima responsabilidad del organismo cuente con experiencia acreditada específicamente en la dirección o gestión de servicios de emergencias.
También defienden una participación relevante del Consejo Rector en el proceso de elección.
La preocupación surge ante una redacción que, a juicio de los trabajadores, podría permitir una interpretación demasiado amplia de los requisitos profesionales necesarios para ocupar el puesto.
Consideran que la naturaleza técnica y operativa del SEPA justifica exigir conocimientos y experiencia específicos dentro del ámbito de las emergencias.
Una ley todavía susceptible de cambios
El proyecto continúa su tramitación en la Junta General del Principado, por lo que todavía existe margen para introducir modificaciones mediante las correspondientes enmiendas.
Las comparecencias han servido para trasladar al Parlamento las posiciones de los distintos colectivos implicados y poner el foco en aspectos que afectan directamente al funcionamiento cotidiano del sistema asturiano de emergencias.
Existe coincidencia en la necesidad de actualizar el marco normativo, pero las diferencias aparecen a la hora de determinar cómo debe organizarse la dirección operativa, qué competencias tienen que quedar expresamente recogidas en la ley y cuál debe ser el modelo de organización del SEPA.
El debate parlamentario deberá determinar ahora si el texto definitivo incorpora cambios para responder a unas reivindicaciones que los profesionales consideran fundamentales para garantizar coordinación, seguridad jurídica y eficacia operativa en las emergencias.
