El Gobierno de Asturias ha activado el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Eventos Adversos para el periodo 2026-2027, una iniciativa coordinada con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca reforzar la prevención frente a incendios forestales y mejorar la capacidad de autoprotección en las poblaciones rurales.
El programa se estructura en tres grandes ejes: mejorar la información sobre prevención y gestión del riesgo, impulsar la formación y sensibilización en el medio rural, y elaborar diagnósticos y planes básicos de autoprotección con dotación de medios adecuados.
A lo largo de este año y el próximo se celebrarán diez talleres comarcales para explicar el comportamiento del fuego, cómo proteger viviendas y núcleos habitados y cómo interpretar el índice de riesgo de incendios forestales. Además, se organizarán jornadas prácticas en las que los vecinos podrán revisar accesos, caminos y puntos de agua, identificar zonas seguras y conocer el uso básico de equipos de autoprotección.
De forma paralela, equipos técnicos elaborarán 60 diagnósticos y planes básicos de autoprotección, uno por cada población seleccionada. Estos documentos incluirán cartografías detalladas, análisis de accesos e hidrantes, evaluación de la vegetación, recomendaciones preventivas y protocolos de actuación vecinal ante emergencias. Toda la información se integrará en una plataforma digital.
La iniciativa pretende integrar la gestión técnica del territorio con la capacitación ciudadana y la corresponsabilidad comunitaria. Asturias presenta una especial vulnerabilidad por la dispersión poblacional, la proximidad entre viviendas y masa forestal, el envejecimiento demográfico y la complejidad de accesos en muchos pueblos. A ello se suma el impacto del cambio climático, que favorece incendios más intensos y rápidos.
El plan se enmarca en la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en Asturias y en las cuentas autonómicas destinadas a emergencias y prevención: 72 millones para cooperación local y gestión de emergencias —orientados a reforzar el SEPA y modernizar sistemas— y 78 millones para custodia del territorio y prevención de incendios, incluyendo ayudas directas para proteger la interfaz urbano-forestal.
Con esta actuación, el Principado refuerza su compromiso con la protección de las personas, los pueblos y el patrimonio natural y cultural ante el creciente riesgo de incendios.
