El Gobierno del Principado de Asturias ha ordenado el cierre de cinco alojamientos turísticos ubicados en enclaves singulares de tres concejos asturianos, tras constatar que operaban sin autorización y sin estar inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT). Todos los establecimientos pertenecen a la misma sociedad mercantil.
La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha emitido la resolución que ordena el cese de actividad, al comprobarse que los alojamientos carecían del trámite inicial obligatorio: la presentación de la declaración responsable para el ejercicio de la actividad turística.
La clausura llega tras un largo proceso administrativo que incluye antecedentes desde 2016, con varios expedientes abiertos y sanciones impuestas a la empresa titular, entre ellas dos multas coercitivas: una de 10.000 euros en 2023 y otra de 20.000 euros en 2024, que no obtuvieron respuesta.
Además, en junio de este año, el Principado trasladó a la Agencia Española de Protección de Datos posibles infracciones graves por el tratamiento indebido de datos personales en la web corporativa de la empresa, lo que también motivó la actuación.
Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que esta decisión reafirma su compromiso con un modelo turístico legal, responsable y de calidad, que garantice la seguridad jurídica y la equidad en el sector.