Asturias ha dado un paso decisivo en la defensa de la salud mental con la firma de un acuerdo sin precedentes que sitúa el bienestar emocional de la ciudadanía como eje prioritario de la acción pública. El pacto, suscrito este martes por el Gobierno del Principado y más de un centenar de entidades, constituye la base sobre la que se construirá la futura Ley de Salud Mental del Principado de Asturias.
La presidenta en funciones, Gimena Llamedo, calificó el acuerdo como “un compromiso cumplido” y subrayó que responde a uno de los retos sociales más urgentes: “Hoy nos comprometemos a trabajar unidos, con valores compartidos, para construir una Asturias que cuide más y mejor”.
El documento ha sido respaldado por asociaciones de personas con experiencia propia y familiares, partidos políticos, sindicatos, entidades públicas y privadas, medios de comunicación, colegios profesionales, ayuntamientos y cámaras de comercio. Se trata del mayor consenso alcanzado en la comunidad en torno a la salud mental.
El pacto parte de una visión integral y transversal: la salud mental no puede abordarse desde un único enfoque, y su mejora exige implicación colectiva, tanto institucional como comunitaria. Reconoce la plena ciudadanía de las personas con discapacidad psicosocial y promueve una atención centrada en la persona, libre de prejuicios y respetuosa con la diversidad.
Entre los valores asumidos por los firmantes figuran el reconocimiento del sufrimiento emocional como parte de la vida, la necesidad de eliminar estigmas, la importancia de la evaluación y la confidencialidad, y el compromiso con una atención integral y personalizada.
Asturias se convierte así en una de las pocas comunidades autónomas que articulan un acuerdo de este alcance, que no solo aspira a mejorar los servicios asistenciales, sino también a construir entornos más sanos y empáticos.
El acuerdo será el punto de partida para la futura ley autonómica, cuya elaboración comenzará en los próximos meses.