El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles en el pleno de la Junta General que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo lunes la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para crear el Servicio de Seguridad Minera.
Esta medida forma parte del Plan Regenera, presentado el pasado 8 de abril, con el objetivo de reforzar la seguridad, la supervisión y el control de la actividad minera en Asturias tras la tragedia de Zarréu, en la que fallecieron cinco trabajadores de la empresa Blue Solving.
Barbón ha defendido que el Ejecutivo ha puesto en marcha diferentes actuaciones para evitar que vuelva a producirse un suceso similar y ha asegurado que el Gobierno mantiene el compromiso de llegar “hasta el final”.
Refuerzo de la supervisión minera
La creación del nuevo servicio busca recuperar una estructura específica dedicada a la seguridad minera, dentro de una estrategia más amplia orientada a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos vinculados a la actividad extractiva.
El presidente ha reconocido que “todo es mejorable” y ha señalado que la Consejería de Ciencia trabaja precisamente en esa línea. No obstante, ha insistido en que, si hay un responsable directo de lo ocurrido, “es la empresa Blue Solving”.
Debate político en la Junta
Durante su intervención, Barbón criticó al portavoz del Partido Popular, Álvaro Queipo, al que reprochó no condenar explícitamente a la compañía. El presidente acusó al PP de utilizar políticamente la tragedia y de actuar con una lógica electoral.
También respondió a la diputada Covadonga Tomé, diferenciando entre dos posiciones ante el accidente: la “utilización política de las víctimas” y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
“Nuestra posición es saber la verdad, que se haga justicia, llegar hasta el final, caiga quien caiga, pero con pruebas”, afirmó.
Justicia, verdad y reparación
Barbón recordó que ni el informe de la Inspección General de Servicios ni la propuesta de dictamen presentada por Tomé contienen, según explicó, pruebas materiales que atribuyan responsabilidad a personas concretas.
El jefe del Ejecutivo reiteró que el Gobierno asturiano seguirá impulsando medidas para reforzar la seguridad minera, depurar responsabilidades cuando existan pruebas y garantizar que la investigación avance con rigor.
