El Gobierno del Principado de Asturias aprobó ayer el proyecto de Ley de Salud Mental, una norma que busca reforzar los derechos de las personas usuarias, impulsar la prevención, combatir el estigma y consolidar un modelo de atención comunitaria.
La consejera de Salud, Concepción Saavedra, defendió que la ley responde a un compromiso colectivo y a una demanda social vinculada a la necesidad de “cuidar más y cuidar mejor”. Según señaló, el texto pretende proteger, acompañar y reconocer la dignidad de todas las personas con problemas de salud mental o sufrimiento psicosocial.
El proyecto legislativo culmina un proceso iniciado al comienzo de la legislatura, cuando la salud mental pasó a situarse entre las prioridades de las políticas públicas del Principado. Ese trabajo tuvo uno de sus hitos principales el pasado verano con la firma del Pacto por la Salud Mental, suscrito por más de un centenar de entidades públicas y privadas, y que sirve como base ética y política de la nueva norma.
La futura ley profundiza en el modelo de atención comunitaria que Asturias comenzó a desarrollar tras la reforma psiquiátrica de los años 80, basada en la desinstitucionalización de pacientes y en el acompañamiento desde recursos próximos al entorno de las personas.
Entre sus principales medidas, el texto reconoce la capacidad de las personas con problemas de salud mental para decidir sobre su vida y sus tratamientos. También incorpora derechos específicos como la voluntariedad de la atención, el plan terapéutico individualizado, la inclusión de la perspectiva de género y la especial protección de la infancia y la adolescencia.
La norma refuerza, además, las actuaciones de promoción y prevención en los ámbitos educativo, laboral y local, e incorpora una estrategia específica frente a la conducta suicida. También consolida la red de salud mental como un sistema organizado, comunitario y coordinado con Atención Primaria, con el objetivo de favorecer la recuperación de las personas y garantizar la continuidad de los cuidados.
Una de las principales novedades será la creación de una Oficina para la Protección de los Derechos en Salud Mental, encargada de comprobar que se respetan los derechos de las personas usuarias de los servicios y recursos de salud mental.
El proyecto también prevé la puesta en marcha de nuevos instrumentos de participación y garantía, como el Foro de Salud Mental y la Comisión de Salud Mental, orientados a reforzar la coordinación institucional y la participación de asociaciones, entidades, sociedades científicas y tercer sector.
Durante los últimos años, el Principado ha dado varios pasos en esta materia. En marzo de 2023 se aprobó el Plan de Salud Mental 2023-2030, concebido como hoja de ruta para ordenar medidas y recursos. Posteriormente, a finales de 2024, se constituyó el Foro por la Salud Mental, un órgano asesor con enfoque comunitario.
Con la aprobación del proyecto de ley, el Ejecutivo asturiano inicia ahora la tramitación de una norma que aspira a reforzar el sistema público de atención, mejorar la prevención y avanzar en la protección de derechos en el ámbito de la salud mental.
