
La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y la Unión de Consumidores de Asturias, UCE, darán continuidad a las actuaciones desarrolladas para ayudar a las personas afectadas por el conocido como cartel de los coches y por posibles cobros indebidos asociados a la financiación de vehículos.
Según los datos facilitados tras una reunión entre ambas entidades, alrededor de 10.000 consumidores asturianos ya han puesto sus casos en manos de la UCE, mientras que el número potencial de personas afectadas en la comunidad podría alcanzar las 100.000.
El consejero Ovidio Zapico mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de la organización de consumidores, Dacio Alonso, para evaluar los resultados de la campaña informativa desplegada a finales del pasado año.
En la reunión también participaron la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; el director general de Consumo, Faustino Zapico, y miembros del equipo de la Unión de Consumidores de Asturias.
Incrementos en el coste de la financiación
Las actuaciones se centran en contratos de financiación de automóviles en los que, según la información trasladada por el Principado y la UCE, se habrían aplicado incrementos extraordinarios en la Tasa Anual Equivalente, conocida como TAE.
Este indicador refleja el coste efectivo de un préstamo, al incluir tanto el interés como determinadas comisiones y gastos asociados. Un aumento de la TAE puede elevar de manera considerable la cantidad total que termina abonando la persona compradora.
La colaboración entre la Consejería y la organización de consumidores busca determinar si en los contratos se produjeron cobros indebidos y facilitar que las personas afectadas puedan estudiar cada caso y, cuando corresponda, iniciar una reclamación.
La UCE Asturias ya ha impulsado procedimientos en los que las cantidades reclamadas superan los 17.000 euros en algunos casos, de acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro.
Continuidad de la colaboración
El Principado considera que el alcance económico de las reclamaciones y el número estimado de afectados justifican la continuidad de las acciones informativas y de asesoramiento.
Ovidio Zapico señaló que los primeros procedimientos abren la puerta a nuevas demandas y defendió la colaboración con la Unión de Consumidores de Asturias como herramienta para canalizar las reclamaciones.
La Consejería estudiará ahora mecanismos que permitan dar mayor estabilidad a la cooperación con las asociaciones de consumidores, con el objetivo de que más personas puedan revisar sus contratos y ejercer sus derechos.
El Gobierno autonómico pretende así consolidar un marco de colaboración permanente con el tejido asociativo dedicado a la protección de los consumidores, especialmente ante prácticas que puedan afectar a un elevado número de ciudadanos.
