La empresa pública Vipasa ha defendido su actuación ante la ocupación ilegal de dos viviendas sociales en la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Nueva, en el concejo de Llanes, asegurando que intervino “con diligencia, celeridad y pleno respeto a la legalidad” desde el primer momento.
Así lo ha trasladado su gerente, Marta Pulgar, quien ha subrayado que la empresa activó de inmediato la vía penal en ambos casos, presentando denuncias por usurpación y siguiendo todos los trámites judiciales previstos.
Dos procedimientos judiciales en marcha
En el primero de los casos, la actuación se inició tras detectar la ocupación de una vivienda con contrato en vigor, una vez confirmada la renuncia del adjudicatario. Tras la denuncia, el procedimiento se encuentra pendiente de nuevas actuaciones judiciales, después de que se haya ordenado la identificación de los ocupantes.
En el segundo caso, Vipasa cursó inicialmente un requerimiento de desalojo y posteriormente presentó denuncia penal. Este proceso ha derivado en una sentencia condenatoria contra los ocupantes, aunque la presentación de un recurso de apelación mantiene el caso pendiente de resolución definitiva.
Objetivo: recuperar las viviendas para alquiler social
Pulgar ha insistido en que la empresa no ha hecho dejación de funciones y que su prioridad es recuperar los inmuebles para reincorporarlos al parque público de vivienda y destinarlos al alquiler social.
“Somos los primeros interesados en recuperar estas viviendas para ponerlas de nuevo al servicio del alquiler social”, ha señalado.
Refuerzo de medidas para evitar nuevas ocupaciones
De forma paralela a los procesos judiciales, Vipasa ha intensificado las medidas preventivas en el parque público:
- 🔒 Instalación de sistemas de alarma en viviendas vacías
- 👁️ Refuerzo del seguimiento e inspección de inmuebles desocupados
- ⚙️ Mejora de los protocolos internos de detección temprana
- 🤝 Coordinación con fuerzas de seguridad y el Ayuntamiento de Llanes
Además, se están revisando las medidas de protección física y los procedimientos de control en viviendas pendientes de adjudicación, con el objetivo de reducir situaciones de vulnerabilidad.
