El Gobierno del Principado presentó ayer en la Junta General las principales líneas del proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, una norma que busca establecer un marco común para mejorar la prevención, coordinar los distintos servicios públicos y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, defendió el proyecto acompañado por los directores generales David Villar y Olmo Ron, además del gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Jesús Pallarés.
La futura legislación parte de las particularidades del territorio asturiano, entre ellas la orografía compleja, la dispersión de la población y la exposición a inundaciones, deslizamientos e incendios forestales.
El planteamiento integra prevención, vigilancia, intervención y recuperación dentro de un mismo sistema, con el objetivo de anticiparse a los riesgos y mejorar la coordinación cuando se produzca una emergencia.
Más peso para el SEPA
Una de las principales novedades será el refuerzo del papel del SEPA en la atención a las emergencias y en la dirección operativa de los dispositivos desplegados sobre el terreno.
La norma establecerá quién debe asumir la dirección de los planes e intervenciones en función de las características de cada situación, buscando que los distintos servicios conozcan con claridad sus funciones y trabajen de forma coordinada.
El texto incorpora además expresamente los servicios públicos vinculados a la prevención y protección del medio natural entre los servicios esenciales de intervención.
También integra la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y refuerza la coordinación cuando los fuegos puedan afectar a viviendas, núcleos de población o infraestructuras.
Un mapa oficial de riesgos
El proyecto contempla la creación de una Red de Información sobre Protección Civil, gestionada por el SEPA.
Este sistema reunirá un mapa oficial de riesgos, los catálogos de recursos disponibles, las actividades susceptibles de generar riesgos y el registro de los distintos planes de protección civil.
El mapa deberá incorporarse además a la ordenación territorial y urbanística, de forma que la existencia de riesgos sea tenida en cuenta a la hora de planificar el desarrollo del territorio.
Simulacros también en colegios
La futura ley apuesta igualmente por reforzar la autoprotección y la preparación de la ciudadanía.
Para ello contempla programas específicos, ejercicios y simulacros periódicos, incluidos los centros escolares, con el objetivo de que población y servicios conozcan cómo actuar ante una emergencia.
El texto consolida además el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa) como instrumento de coordinación de los diferentes planes locales.
Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán disponer de estrategias municipales propias de protección civil.
112 gratuito y un parte único de emergencias
La norma garantiza la universalidad y gratuidad del servicio 112 Asturias, con atención permanente durante las 24 horas.
También prevé implantar un parte único de emergencias para registrar en tiempo real las actuaciones y mejorar el seguimiento de los recursos movilizados.
El proyecto reconoce además la labor de la red municipal de Protección Civil, integrada por más de 700 personas voluntarias, junto con las asociaciones colaboradoras.
Para su participación en emergencias se establecerán requisitos mínimos de formación y se regulará su dependencia funcional de las autoridades competentes.
Más inspecciones y régimen sancionador
La ley reforzará también la inspección del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección civil y autoprotección.
Se contemplan controles en instalaciones sometidas a planes de autoprotección y también en parques de bomberos municipales.
El personal inspector y los funcionarios de extinción de incendios del SEPA tendrán consideración de agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones.
Además, el texto incorpora un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, incluidas conductas que puedan poner en riesgo a la población o dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.
La futura legislación regulará asimismo la financiación de determinados servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, además de concretar la organización y funciones del SEPA.
El objetivo del Principado es avanzar hacia un sistema de emergencias más preventivo, coordinado y preparado, con especial atención a los incendios forestales y a los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos.
